El comunicado del Ejecutivo de la Conferencia Episcopal ha sido preciso y certero a la hora de recordarnos los motivos esenciales de la inmoralidad de la ley llamada del matrimonio homosexual: Los ciudadanos han perdido el derecho de ser reconocidos expresamente por la ley como esposo o esposa, para pasar a ser considerados oficialmente como «cónyuge A» y «cónyuge B». El actual Gobierno no puede escudarse en la sentencia del Constitucional, sino que tiene el deber de modificar la ley con el fin de que sean reconocidos y protegidos los derechos de todos en lo que toca a la especificidad del matrimonio y de la familia.

Ciertamente, estos argumentos expuestos por la CEE son los fundamentales, pero me voy a permitir ampliar la reflexión, precisamente en un momento de crisis económica en el que la opinión pública es muy sensible en lo tocante al destino del dinero público. Me explico:

1. El matrimonio homosexual fue reivindicado con la supuesta finalidad de acabar con una discriminación. Se decía que los homosexuales también tienen derecho al matrimonio… Pero discriminar no es diferenciar lo que es distinto. Más bien, discriminar sería dar el mismo trato a lo que es diferente.
2. En realidad, el llamado matrimonio homosexual no ha terminado con las discriminaciones, sino que las ha creado, y de forma muy grave… ¿Por qué otro tipo de convivencias no pueden recibir la misma subvención pública que recibe una pareja de homosexuales? Por ejemplo, dos hermanos solteros que viven juntos, dos amigos, una madre y un hijo soltero, etc.
3. ¿Por qué estas convivencias no pueden tener también un reconocimiento legal que les permita cobrar una pensión cuando fallece el hermano, el amigo o la madre? ¿Por qué no pueden tener la misma consideración económica que una pareja de homosexuales, en lo tocante al ‘derecho de sucesiones’, ‘beneficios fiscales’, acceso a vivienda pública, indemnizaciones por muerte en accidente de la persona con la que se convive, etc, etc, etc.

El reconocimiento del llamado matrimonio homosexual es una operación de ingeniería social que agrede al matrimonio como institución natural. ¡Si todo puede ser matrimonio, entonces nada es matrimonio! No es verdad que estemos ante una ampliación de derechos, como se ha dicho, sino ante una manipulación de la realidad, que crea muchos agravios comparativos.

Desde el punto de vista de la justicia social distributiva, el matrimonio homosexual es una profunda injusticia hacia el conjunto de los ciudadanos. Hay muchísimas unidades de convivencia que quisieran recibir las mismas prestaciones económicas que una pareja de homosexuales va a recibir de la Administración.

Si en la actualidad la cultura secularizada y laicista es refractaria hacia los argumentos morales, antropológicos y teológicos; tal vez sea más sensible para comprender los argumentos de justicia social distributiva. Máxime en este momento de crisis, en el que la injusta utilización de los recursos públicos, es la causa de que muchas prestaciones sociales básicas estén siendo restringidas.