La jornada eclesial vivida en la Plaza de Colón de Madrid, el domingo 30 de diciembre, coincidiendo con la solemnidad de la Sagrada Familia, siembra una semilla de esperanza en la Iglesia y en la sociedad española. En aquella asamblea no hubo politiqueo alguno. Más bien, ante aquella millonaria concentración de familias, se lanzaron mensajes alentadores, al mismo tiempo que denuncias proféticas. No estábamos allí para defendernos a nosotros mismos, ni para defender un interés de la Iglesia, sino para defender un patrimonio común de toda la sociedad: la familia.

Por desgracia, las reacciones de algunos sectores de la clase política han sido de incomprensión y de un rechazo virulento. Estos días me ha venido a la mente el pasaje del Evangelio de San Juan, en el que se narra que un guardián del templo abofeteó a Jesús durante el interrogatorio de Anás, a lo que el mismo Señor contestó: “Si he hablado mal, dime en qué he hablado mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas?” (Jn 18, 23).

Lo que la Iglesia ha proclamado en la celebración de la Plaza de Colón, es que la defensa de los derechos del individuo es más ficticia que real, mientras no vaya acompañada del respeto y tutela de los derechos de la familia. El bien de la familia, es el bien de cada uno de los miembros que la componen. ¿Hemos dicho algo incorrecto?

Para descender a lo concreto sin quedarnos en formulaciones teóricas, me quiero referir a la aprobación, el 12 de diciembre, en el Congreso de los Diputados, de una modificación de dos artículos del Código Civil (154 y 268), en los que se hasta ahora se reconocía el derecho de los padres a corregir “razonable y moderadamente” a los menores. Sorprendentemente, la mayoría del Congreso ha entendido que aquella formulación otorgaba demasiada autoridad a los padres sobre sus hijos.

Por si hubiera lugar a dudas, el Ministerio de Justicia hizo pública una nota explicativa de esta reforma, para aclarar que en la nueva redacción de los artículos del Código Civil se ha considerado preferible evitar cualquier interpretación permisiva con el castigo físico a los menores. Es decir, que se prohíbe la posibilidad de que un padre pueda dar un “azote” o un “cachete” a su hijo, cuando entienda que es necesario. Los padres podrían ser denunciados por no haber respetado la “integridad física y psicológica” de su hijo, sin que sea ya suficiente justificación el hecho de que el castigo esté en los límites de lo “razonable y moderado”.

Como es lógico, aquí no vamos a entrar en la cuestión de si es más adecuado un “azote” u otro tipo de correcciones en la educación de los hijos. No soy competente para ello. Supongo que habrá caracteres y formas de ser muy diferentes, que aconsejen procedimientos diversos. Supongo también que se darán circunstancias y momentos excepcionales… En cualquier caso, una vez más, lo que me parece grave es la intromisión en la intimidad de la familia y en las facultades de los padres para educar a los hijos. ¿Quién es el Estado para decir a unos padres cuáles son los métodos más adecuados para educar a sus propios hijos?

Como popularmente se dice, llueve sobre mojado, porque en el sistema escolar, a otro nivel, el profesorado sufre también una desprotección muy grande, a la hora de ejercer el principio de autoridad sobre los alumnos. Por desgracia, escuchamos a muchos profesores, manifestar su descontento porque la LOE ha potenciado unos principios pedagógicos en los que el profesor es más un espectador externo (del que se espera que modere la espontaneidad del alumno), que un educador y transmisor de valores. Si algunos padres pensaban que, al menos, en el seno de su hogar podrían discrepar de los criterios del Ministerio de Educación, se estaban equivocando.

Mención aparte merecen las declaraciones de los representantes de alguna asociación en defensa de los derechos del niño, que han saludado con alegría la prohibición del cachete. Curiosamente, estos mismos que consideran inadmisible que un padre o una madre resuelvan con un azote una rabieta de su hijo, defienden en los foros internacionales el derecho al aborto. El azote está peor visto que las pinzas punzantes, la incineradora o la trituradora. ¡Qué curioso!

Uno no sabe si pensar que esto de la “ley del cachete” es una manera de lavarnos la conciencia, para presentarnos como amantes y defensores de la infancia, o más bien hay que entenderlo simplemente como un pasito más de la intromisión en el derecho de los padres a educar a sus hijos. El artículo 27.3 de la Constitución que reconoce este derecho de los padres, en la práctica y poco a poco, va vaciándose de contenido.