Principio de subsidiariedad

Para comprender las razones últimas de muchos de los desencuentros que están teniendo lugar en la construcción de nuestra sociedad, no es suficiente con describir la disparidad de opciones personales, sino que es necesario profundizar en los principios morales y espirituales sobre los que se sustentan las diversas opciones. Sin pretender ahora tratarlos de modo exhaustivo, nos centramos en uno de ellos en concreto: el llamado “principio de subsidiariedad”. Es una de las columnas principales sobre las que se construye la Doctrina Social Católica. Bien es cierto que se trata de un principio de Ley Natural, reconocido y aceptado por ciudadanos de otras confesiones religiosas, e incluso por quienes carecen de religión; pero es de justicia reconocer que, en buena parte, su formulación y desarrollo se ha producido en el seno o al amparo de la Iglesia Católica.

Pues bien, conforme al principio de subsidiariedad, la persona humana, la familia, las iniciativas populares -y no el Estado-, son el centro de toda la vida social. El Estado existe para la persona y para la sociedad, pero no al revés.

En la Encíclica Quadragesimo anno, Pío XI se expresaba en los siguientes términos: “No se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad, lo que ellos pueden realizar por sus propias cualidades y esfuerzo. Es gravemente injusto y perturbador del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos”.  Conforme a este principio, todas las realidades sociales de orden superior deben ponerse al servicio de las menores, con una actitud de ayuda (“subsidium”): reconocimiento, apoyo, promoción, etc. Por el contrario, el Estado debe abstenerse de cuanto restrinja el espacio vital de las células menores de la sociedad.

En la práctica, el principio de subsidiariedad nos protege de las instancias sociales superiores, e insta a éstas a ponerse al servicio de los particulares y de los cuerpos intermedios: priman o tienen prioridad la persona, la familia, las asociaciones vecinales, los ayuntamientos, el voluntariado, las fuerzas vivas de la sociedad, el reconocimiento de la función social del sector privado, la salvaguarda de los derechos de las minorías… Aun reconociendo que pueden darse casos y circunstancias que requieran una función de suplencia por parte del Estado, ésta no deberá extenderse y prolongarse más allá de lo estrictamente necesario.

El Catecismo de la Iglesia Católica expresa: «Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de derecho» (CEC 2273). Y Juan Pablo II en  la Encíclica Centesimus Annus, nos dice que el «Estado totalitario tiende, además, a absorber en sí mismo la nación, la sociedad, la familia, las comunidades religiosas y las mismas personas».

Caso de Venezuela

El pasado 19 de octubre, la Conferencia Episcopal Venezolana publicaba una Exhortación Pastoral en la que se pronunciaba contra la propuesta de Reforma Constitucional presentada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. La voz profética del episcopado venezolano se expresaba en estos términos: “Se acentúa la concentración de poder en manos del Presidente de la República (…) se incrementa excesivamente el poder del Estado (…) el gobierno controla muchísimos espacios de la vida ciudadana (…) establece el dominio absoluto del Estado sobre la persona (…). El Estado debe ayudar pero no absorber ni suplantar las iniciativas, la libertad y la responsabilidad de las personas y de los grupos sociales (…) Por cuanto el Proyecto de Reforma vulnera los derechos fundamentales del sistema democrático y de la persona, poniendo en peligro la libertad y la convivencia social, la consideramos moralmente inaceptable a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia”.

Caso concreto de España

 Aunque nuestro caso no sea comparable al de Venezuela, es preocupante comprobar cómo muchos de los conflictos que nuestra sociedad española está padeciendo, son generados por el desprecio al principio de subsidiariedad. ¿Acaso la imposición de “Educación para la Ciudadanía”, no supone una intromisión en el ámbito de la familia, por parte de las autoridades políticas? ¿Qué decir de la situación de muchos colegios concertados, al borde del estrangulamiento económico? ¿Acaso no ocurre lo mismo con el control de los medios de comunicación? Un caso bien concreto lo estamos percibiendo en España, con el arrinconamiento de Radio María en el reparto de frecuencias, dentro del actual proceso de ordenación del espacio radiofónico.

Nuestra complicidad con el problema

 Sin embargo, la violación del principio de subsidiariedad no se explica exclusivamente por la tendencia de las autoridades al despotismo. Tengamos en cuenta que la subsidiariedad exige participación y compromiso personal, en modo responsable y con vistas al bien común. Por desgracia, el absentismo y el desinterés por la vida social, pueden ser percibidas como una opción más cómoda.

Por ello, parece oportuno que concluyamos con las palabras finales de la referida Exhortación de los obispos venezolanos: “Solamente quien es libre, construye la paz (…) Cada uno de los cristianos está llamado a descubrir y promover caminos de justicia y reconciliación en la familia, en cada comunidad y en toda la nación”.