Cómo cambiar el agua de la pecera sin que se enteren los peces

Vaya por delante que, la reciente Instrucción de la Conferencia Episcopal “Orientaciones morales ante la situación actual de España”, no ha pretendido hacer un juicio moral sobre el marco constitucional español. Dejando a un lado las deficiencias y las carencias que la Constitución Española pueda tener, el documento episcopal parte de la aceptación de la Constitución de 1978, como el marco que los españoles eligieron democráticamente. Hablando de la transición española, el documento afirma: “Perdón, reconciliación, paz y convivencia, fueron los grandes valores morales que la Iglesia proclamó y que la mayoría de los católicos y de los españoles en general vivieron intensamente en aquellos momentos. Sobre el trasfondo espiritual de la reconciliación fue posible la Constitución de 1978, basada en el consenso de todas las fuerzas políticas, que ha propiciado treinta años de estabilidad y prosperidad…”. Pero, sería ingenuo pensar que todo haya sido color de rosa. Ha habido y, sigue habiendo, dramas terribles, como es el hecho de que el texto constitucional no haya sido capaz de garantizar en la práctica, el derecho a la vida de los más de 80.000 españoles que anualmente son asesinados en el seno de sus madres. La Constitución tiene muchas deficiencias desde el punto de la moral católica, lo cual no obsta para que los católicos acatemos el orden legal y colaboremos en la construcción de una sociedad más justa bajo este marco constitucional.

Pero, en nuestros días, estamos asistiendo a un proceso muy grave de manipulación de la letra y del espíritu del texto constitucional. Se nos quiere confundir diciendo una y mil veces que la Constitución Española es laica. A base de repetir esta falsedad, por activa y pasiva, terminan por engañar a una parte importante de la población. Lo cierto es que la Constitución Española es aconfesional, que no es lo mismo, ni tan siquiera parecido.

La Constitución francesa, por ejemplo, sí es laica. Y como consecuencia de ello, la religión no tiene cabida en las escuelas, las manifestaciones religiosas son censuradas en gran medida en el ámbito público, etc. No es nuestro caso. Nuestra Constitución es aconfesional, lo cual quiere decir que el Estado Español valora positivamente la presencia del hecho religioso en el ámbito público, sin que tenga por ello que hacer suya una confesión religiosa determinada. Añadamos a lo anterior, que nuestro texto constitucional vigente hace mención expresa de la fe católica, como aquella que ha forjado la historia e identidad cultural de este pueblo.

No podemos permitir que nos den gato por liebre. Los que pretendan introducir en España una legislación laicista, que sepan que tendrán que modificar para ello la Carta Magna. De lo contrario, estarán pretendiendo cambiar el agua de nuestra pecera, sin pedirnos permiso.

¡Cómo les gustaría a algunos suprimir del texto constitucional el artículo referente a que, son los padres los que tienen el derecho a educar a sus hijos conforme a sus principios! Por desgracia, todo hace presagiar que la asignatura de la “Educación para la Ciudadanía” va a provocar el enfrentamiento entre quienes pretenden hacer de la laicidad una especie de “religión estatal” y quienes entendemos que el Estado no es quién para transmitir contenidos morales contrarios al sentimiento religioso de los padres. El Estado no es el educador de nuestros hijos, sino que debe limitarse a colaborar subsidiariamente con los padres en la educación moral de sus hijos. Son dos concepciones diametralmente opuestas. Cuando los laicistas afirman que la asignatura de “Educación para la Ciudadanía” se dispone a «formar las conciencias en un mínimo común ético», tenemos sobradas razones para echarnos a temblar, porque está más que demostrado que es imposible consensuar ese “mínimo común ético” con quien ha hecho una bandera, del rechazo de las raíces cristianas de la cultura española.

Y para muestra, un botón, como dice el refrán. El manifiesto publicado en Málaga por la dirección del partido en el Gobierno de la Nación, en vísperas del día 6 de diciembre, no deja lugar a muchas dudas. Copiamos uno de sus párrafos: “Los fundamentalismos monoteístas o religiosos siembran fronteras entre los ciudadanos. La laicidad es el espacio de Integración. Sin laicidad no habría nuevos derechos de ciudadanía, serían delitos civiles algunas libertades como la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y dejarían de ser delitos el maltrato a la mujer, la ablación o la discriminación por razón de sexo. Sin laicidad sería difícil evitar la proliferación de conductas nada acordes con la formación de conciencias libres y críticas y con el cultivo de las virtudes cívicas.”

Después de escuchar una descripción tan agresiva hacia “los monoteísmos que siembran fronteras”, y tan benévola hacia el laicismo que “crea espacios de integración”, sólo nos queda decir que la objeción de conciencia es el último recurso de quien se ve avasallado en sus principios.

Este manifiesto laicista hecho público el día 4 de diciembre, bajo el nombre de “Constitución, laicidad y Educación para la Ciudadanía”, entre otras cosas, es incompatible con el discurso de la llamada Alianza de Civilizaciones. Como acertadamente puntualizaba el presidente de E-cristians, lo que no es de recibo es que el Presidente del Gobierno Español elogie “el hecho religioso» durante el discurso que pronunció hace más de tres semanas en Turquía, y ahora suscriba este manifiesto antirreligioso en España. «No puede ser que el Islam sea positivo en Turquía y el Catolicismo no lo sea en España».

Los católicos creemos que el relativismo no puede ser el fundamento de la democracia, como pretende serlo, de hecho, el laicismo. Si no hay una verdad última que guíe la actividad política, entonces las ideas y las convicciones son fácilmente manipuladas por razones de poder. Como la historia ha demostrado sobradamente, una democracia sustentada en el agnosticismo y en el relativismo, deriva muy fácilmente en un totalitarismo abierto o encubierto.