Libertad religiosa

Autor: Padre José Ignacio Munilla Aguirre

 

 

Una consejera desea está inconforme con un libro de religión, pero se le olvida que sus declaraciones entran en colisión, no ya con el derecho de la Iglesia Católica a expresar su pensamiento, sino con el de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios.

La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Angeles Iztueta, anunciaba su intención de dirigirse a la autoridad religiosa competente para mostrar su disconformidad con la forma en que un libro de religión de 4º Curso de Enseñanza Secundaria afronta el tema de la homosexualidad (D.V., 2 de Julio, pag 8). El libro en cuestión es "Betel religión católica", que es utilizado en toda España como texto de la asignatura de religión. Dice la Consejera que ella no tiene competencias para retirar el texto (¡menos mal!), pero denuncia que sus contenidos no sean acordes a los principios del programa Uhin Bare, guía de la enseñanza de la sexualidad en la Educación Secundaria, editado por su departamento.

Antes de entrar a opinar en el tema, parece lógico que acudamos primero a ver lo que dice el texto, donde en la página 93 se hace una sencilla valoración moral desde el prisma de la moral católica, recordando que la homosexualidad priva de la riqueza de la complementariedad con la que Dios creo al hombre y la mujer. A esto añade el texto que la psicología nos muestra hasta qué punto la homosexualidad puede ser en muchos casos consecuencia de disfunciones en la identificación del niño con la figura paterna y materna; recordando que existen terapias para reorientar estas tendencias. Releo varias veces el texto en cuestión, y creo honestamente que no se puede ser más delicado y respetuoso para expresar el pensamiento de la moral católica.

Antes de entrar en consideraciones de fondo, quizás nos resulte útil destacar las contradicciones tan ridículas en las que se está cayendo hoy en día en nombre de lo políticamente correcto: Resulta que, por un lado, se reconoce el derecho de los transexuales para realizar nada menos que una operación para el cambio del sexo, e incluso se plantea su reivindicación para que sea costeada por la sanidad pública; y, por otro, ponemos el grito en el cielo por el hecho de que se ofrezca una mera terapia para que unos homosexuales puedan corregir su tendencia. ¿? Por lo visto, lo primero debe de ser un sano ejercicio de libertad, mientras que lo segundo "entra en colisión con los principios y derechos fundamentales en relación a la igualdad real y afectiva de las personas". ¡Increíble!

Pero lo mejor es que vayamos a la raíz del asunto; y le recordemos a la Consejera de Educación que sus declaraciones entran en colisión, no ya con el derecho de la Iglesia Católica a expresar su pensamiento, sino con el de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios. El artículo 27.3 de la Constitución Española: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Este mismo derecho ha sido recogido expresamente por la todas las leyes educativas, LOGSE y L.O.C.E. incluidas. La cosa es tan sencilla, como que los padres eligen libremente para sus hijos la asignatura de religión católica; y ese libro en cuestión no hace sino recoger el pensamiento de la moral católica. ¿Dónde estaba el problema?

No he formulado esta última pregunta por mera ironía, sino con la pretensión de centrar el debate en su epicentro: los poderes públicos se exceden en sus competencias cuando elaboran unas guías para la educación sexual, en las que están "adoctrinando" sobre cuestiones morales, entrando indebidamente en un terreno reservado para los padres. En una sociedad laica, un departamento de educación deberá difundir un plan de educación sexual, pero no podrá entrar a evaluar el significado último de la sexualidad; y, en consecuencia -al margen de cuestiones muy claras que están fuera de debate-, no es competente para hacer un juicio moral sobre la idoneidad de determinados comportamientos sexuales, y mucho menos contra la sensibilidad de unos padres, que son quienes sostienen con sus impuestos tanto la escuela pública como la privada concertada. Dicho de otra forma, si como dice la Consejera hubiere una contradicción entre lo afirmado por el libro "Betel - Religión Católica", y los contenidos del programa de educación sexual del Departamento de Enseñanza del Gobierno Vasco; sería este último el que debería rectificarse y no el primero. Y con esto no estoy diciendo que los contenidos de los programas del Departamento de la señora Iztueta deban de coincidir con la doctrina católica, sino que deben de respetar en todo momento el derecho de los padres a orientar la educación de sus hijos.

Por lo demás, contrasta la atención tan diligente que la Consejera de Educación le ha prestado a la reclamación de un colectivo homosexual, con la forma en que ha ignorado las reiteradas demandas formuladas por parte de grupos de padres católicos de diversos centros, solicitándole por escrito en la Delegación de Enseñanza que sus hijos puedan recibir clase de religión, sin obtener siquiera respuesta. La ley no se cumple en el País Vasco en lo referente a la obligación de los centros de ofrecer la elección de la asignatura de religión. En datos de Gipuzkoa, el 70 % de la ikastolas y el 48 % de las escuelas públicas de primaria ni tan siquiera ofertan tal posibilidad. ¡Y ahora nos anuncia la Consejera que va a presentar una queja ante la autoridad religiosa competente, atendiendo la reclamación de un colectivo homosexual; a cuyos miembros nadie les impone cursar el librito de marras, por cierto!

Pero concluyo diciendo que sería demasiado simplista el limitarnos a criticar a lo políticos. ¿No es cierto acaso que no estaríamos donde estamos, de no ser por la pasividad de tanto católico dormido?